La nacionalización de mercancías en frontera “sobre medios y/o unidades de transporte”, como establece el Decreto Supremo 2295, que desde el 22 de abril se ha puesto en vigencia, ha generado molestia generalizada en el sector del transporte de pesado, los importadores entre grandes, medianos y chicos, por falta de condiciones logísticas mínimas como infraestructura, saneamiento básico, luz, agua y equipo técnico y humano.
"No existe las condiciones de infraestructura, ni siquiera sanitarias; peor de depósitos, bancos, oficinas que el Decreto asimismo lo exige", informó Erland Melgar, Presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Santa Cruz.
Una situación que se agrava. Los conductores protestan por la norma aprobada el 18 de marzo de 2015, que además establece nacionalizar las mercancía ya no en los recintos de destino como era hasta ahora. "La situación en este momento no solo son las largas filas, sino que los puestos fronterizos no cuentan con las mínimas condiciones, ni siquiera para el hospedaje del importador, del transportista y de los mismos funcionarios", argumentó Fidel Baptista, Presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado.
Por su parte, los pequeños importadores de mercancía “heterogénea”, por lo variado de productos de menor magnitud, se movilizaron ayer y se apostaron en instalaciones de Almacenes Aduaneros ALBO, donde denunciaron que dicha norma hace más burocrático el proceso de nacionalización.
"El decreto solo atiende la nacionalización de mercaderías homogéneas (líneas de gran magnitud) en frontera y a las nuestras (heterogéneas) nos hacen ficha técnica y el funcionario valora con incremento de 200% y el proceso demora hasta 20 días", denunció Ubaldo Condori, Presidente de la Federación de Importadores de Santa Cruz.
Este sector pidió la derogación del DS 2295; en cambio, el rubro del transporte pesado pidió en reunión con personeros del Gobierno, la flexibilización de la norma para que la misma sea opcional, mientras dure el proceso de implementación e instalación de las mínimas condiciones logísticas para desarrollar en frontera y cumplir con dicho proceso.
Desde la Aduana. Según los transportistas, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), como instancia encargada de hacer cumplir la norma, está “atada de manos” dado que no cuentan con infraestructura y el espacio necesario para desarrollar su actividad, cuya dotación según la Resolución Ministerial 139 del 7 de abril, está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Hasta el cierre de esta edición, el sector del transporte pesado y el Gobierno seguían reunidos para subsanar esta situación.
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