“Le pasamos una nota a la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, y no nos ha respondido. Le decimos que estamos de acuerdo con el decreto 2295, pero no en la forma obligatoria que quiere”, dijo el presidente de la Cámara de Transporte de Bolivia, Fidel Baptista.
La normativa obliga a la nacionalización en frontera a toda la carga que llega del exterior. Pero según el sector transportista, se pide al Gobierno que sea opcional, ya sea en destino o en frontera.
Baptista anunció que están en emergencia y para el lunes convocó un ampliado donde se determinarán medidas de presión a seguir, en caso de que no se los escuche.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía realiza una campaña informativa con spots televisivos, explicando los beneficios del decreto para transportistas, despachantes e importadores.
La medida, que se comenzó a aplicar entre el martes y miércoles, espera acortar a 24 horas, el despacho de mercadería nacionalizada desde las fronteras sobre los medios de transporte.
Los empresarios consideran que para la aplicación efectiva de la norma, el Gobierno primero debería realizar inversiones para la creación de almacenes y la contratación de recursos técnicos y humanos en frontera. /MAM
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