Aduana y privados buscan asfixiar al alijo argentino

Luego de varios anuncios, la Aduana Nacional, el sector privado, los productores y las autoridades locales se pusieron de acuerdo para hacer frente al contrabando que ingresa por la frontera con Argentina.

El comité interinstitucional está formado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación de Productores de Olegainosas y Trigo (Anapo), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija, la Alcaldía de la provincia Gran Chaco (Tarija) y los productores del Chaco.

Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana, explicó que el acuerdo firmado en Yacuiba (Tarija) tiene que ver con un trabajo en equipo entre los pro-ductores y las autoridades del Chaco cruceño y tarijeño, técnicos y la Aduana.

El objetivo es certificar la producción de granos (maíz, trigo y soya) y de la superficie sembrada para tener la certeza de que lo que se está comercializando corresponde a la producción nacional y qué es contrabando.

Julio Roda, presidente de la CAO, destacó el acuerdo y remarcó que la lucha contra el contrabando ya no puede quedar solo en las manos de la Aduana sino que debe ser una tarea de los bolivianos.
Habló de que se debe defender la producción nacional frente a los productos que por una ventaja cambiaria están ingresando al país.
“La población debe saber que por lo general lo que llega es lo más barato, pero de menor calidad o lo que ya está a punto de vencerse”, dijo Roda.

Para Gary Rodríguez, gerente del IBCE, una forma de reducir el impacto del contrabando es con una participación activa de los privados y de los productores, y no solo dejar todo en las manos de los controles aduaneros.

Una primera instancia
Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación cruceña, indicó que este primer acuerdo busca especialmente frenar el contrabando de los granos, algo que está matando a los productores del país.

Remarcó que por efecto de esta actividad ilegal la superficie de siembra de maíz en esta gestión fue de 70.000 hectáreas, cuando el año pasado llegó a las 190.000.

En cuanto al trigo en 2015 se sembraron 150.000 hectáreas y en 2016 solo 75.000.

El arroz es otro de los productos afectados, pues en esta gestión se sembraron 90.000 hectáreas y la gestión pasada fueron 116.000.
“Como se ve, las cifras son críticas, por eso este primer acuerdo apunta a trabajar el tema de los granos”, sostuvo Alpire.

El segundo paso será trabajar de forma más integral detectando el ingreso de los alimentos ya industrializados, como el aceite, el arroz y la harina de trigo; en este punto Alpire puntualizó que el quintal de arroz argentino cuesta Bs 247 mientras que el nacional vale Bs 280 y el litro de aceite argentino se vende en La Ramada a Bs 8, mientras que el de industria boliviana a Bs 9,50, por lo que el siguiente paso debe ser los controles en los mercados