Salir a trabajar corriendo el riesgo de ser quemado vivo, arrojado a un precipicio o emboscado, es una cotidianidad para algunos funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).
Los operativos para decomisar mercadería ilegal, en algunos casos, conllevan que el personal se sumerja en comunidades próximas a los más de 7 mil kilómetros de fronteras bolivianas.
Ahí es recurrente encontrarse con traficantes que operan en complicidad con algunos comunarios y que, además, conocen tan bien el terreno, que les es fácil huir, despistar o esconderse. Con ambos aspectos a su favor, cuando son interceptados por los aduaneros, no dudan en “deshacerse de ellos” a como de lugar.
Así pasó recientemente en Cochabamba, donde unos funcionarios de la ANB estuvieron a punto de ser quemados vivos, mientras procedían con el decomiso de un vehículo indocumentado.
La gerente regional de la Aduana, Dirsey Vargas, contó, con un tono de indignación, que la autora del hecho fue una mujer que, para impedir el traslado de su motorizado ilegal a recinto aduanero, tomó un bote de gasolina y lo echó sobre él. Pero su intención no solo era acabar con ese bien, sino con uno de los funcionarios, a quien también roció.
Cuando estuvo a punto de consumar su intención encendiendo un fósforo, la detuvieron.
Otros empleados que “sobrevivieron a la muerte para contarlo” son los de la Unidad de Control Aduanero (UCA), a quienes les amarraron dinamitas a los cuerpos para intentar detonarlos.
Vargas recordó que el hecho también sucedió durante el decomiso de un vehículo, pero esta vez la que se oponía era una comunidad íntegra.
Tomaron a los aduaneros como rehenes y les ataron los explosivos. Tuvo que intervenir personal militar.
El ataque con dinamitas es recurrente, considerando que algunos puntos de infiltración de mercadería ilegal están en el occidente del país, donde los comunarios involucrados en este hecho tienen vocación minera.
A mediados de 2016, en Patacamaya, aduaneros y el Ejército sorprendieron a defraudadores con tres camiones colmados de objetos que no contaban con documentación que respalde su ingreso al país.
Cuando se intentó frenarlos, convocaron a comunarios que atacaron con piedras y dinamitas a los personeros. Mientras tanto, otro grupo se encargó de rescatar la mercadería de uno de los camiones intervenidos, poniéndola a autos más pequeños.
Militares rescataron a los servidores públicos de ese enfrentamiento que se prolongó por al menos dos horas y detuvieron a siete personas. En ese mismo municipio ocurrió un hecho similar el año pasado, cerca de la carretera que vincula a Patacamaya con Tambo Quemado.
Luego de decomisar un camión con 329 fardos de ropa usada a contrabandistas que se dieron a la fuga, aduaneros y militares custodiaron el motorizado hacia el recinto aduanero de La Paz. Pero, en su trayecto fueron emboscados por los dueños de la mercancía.
La Aduana informó que los prófugos intentaron rescatar su mercadería adelantándose, junto a los comunarios, hasta el puente Vela, por donde el motorizado custodiado sí o sí pasaría.
Lanzaron piedras hasta romper los vidrios del auto, pero la acción inmediata del Ejército permitió dispersar a la turba.
BARRANCO
Otros contrabandistas prefieren evitar entrar en contacto con los aduaneros, pero su intención es la misma, atentar contra su vida. Durante una reciente persecución vehicular en Cochabamba, intentaron confundir al personal de la Aduana que iba a bordo de un auto para que caiga a un precipicio. No obstante, ellos reaccionaron a tiempo y se salvaron.
CASOS
MENORES
La violencia de los contrabandistas en contra de los aduaneros llegó al extremo de agarrarlos a patadas, puñetes y amenazarlos de muerte. Así pasó en el retén de Suticollo de Cochabamba (a 27 kilómetros de la ciudad).
Los funcionarios identificaron 35 fardos de ropa de segunda mano en un ómnibus y otros 30 en vehículos pequeños que iban detrás. Los dueños intentaron sobornarlos para que no se los quiten, pero no lo lograron, por lo que motivaron a ejercer violencia en contra de ellos.
Las agresiones al personal continuaron después de que las prendas fueron trasladadas a la Aduana e incluso mientras retornaban a sus casas.
RIESGO
Vargas remarcó que su gente “lo está arriesgando todo por resultados”, incluso la vida, pero lamentó que ciertos pobladores no respalden su trabajo y que algunos bolivianos aún piensen que el contrabando es un negocio, cuando el ejercicio del mismo contempla sanciones como la privación de libertad para los involucrados.
“El contrabando hace el mismo daño que el narcotráfico en la economía nacional. El trabajo de la Aduana solo es impedir que esa mercancía ingrese al país”.
Agresores cometen cerca de 5 delitos
Las personas que agreden a un funcionario de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) incurren en delitos como tentativa de homicidio, contrabando, instigación pública a delinquir, entre otros. Todo depende de la gravedad del hecho. Solo contrabandear supone una privación de libertad de hasta ocho años, de acuerdo a la ANB.
Su defensa es “hasta la muerte”
Los contrabandistas que atentan contra la vida de funcionarios de la Aduana están respaldados por comunidades que están dispuestas a morir por la causa.
En Sabaya (a 193 kilómetros de Oruro), por ejemplo, la ANB procesó al Alcalde Edgón Villca, en 2016, por encubrir a contrabandistas que a cambio le daban dinero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario