La Aduana plantea tres desafíos a las automotrices

El año pasado se importaron cerca de 46.000 vehículos nuevos al país, de los cuales un 30% fueron subfacturados o también conocidos como ‘grises’. La Cámara Automotor Boliviana (CAB) denunció que el Estado pierde entre $us 80 millones y 100 millones por año en ingresos fiscales por la internación de estos vehículos que son adquiridos en Iquique.


Ante tal situación EL DEBER organizó una mesa redonda con los ejecutivos de la CAB, representantes de firmas automotrices y la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia. Todos coinciden en que es importante mejorar las normas.


Tras dos horas de intercambio de criterios, la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya planteó a las casas automotrices tres proyectos para buscar soluciones.


Primero, que presenten un proyecto de decreto supremo tanto al Ejecutivo como al Legislativo, para que se haga un trabajo de fiscalización de ‘marcas’; que las importadoras de vehículos presenten toda su documentación referida a las tablas de valor; y tercero, el compromiso de la administración aduanera a pasar la información de lo que es la importación legal de los vehículos al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), lo mismo sucederá con las empresas unipersonales con el objetivo de que el SIN vea si están tributando correctamente.


Tanto Ardaya como ejecutivos de las automotrices reconocieron de que el trabajo no es fácil, pero se comprometieron a una mejor coordinación y hacer de que funcione la alianza público-privada.

ANB perdió 50 recursos
Durante su exposición, Ardaya explicó que en la norma existe un elemento primordial de valoración: el precio efectivamente pagado por un vehículo.
¿Y eso dónde se produce?, se le consultó, a lo que respondió, en zona franca. Precisamente, un decreto supremo, establece que mientras la persona demuestre que haya hecho una transacción bancaria con algún banco, un depósito o un cheque, el valor primario es el que vale.


Sujetando un marcador, Ardaya se levanta de su silla y se dirige hacia la pizarra. Haciendo gala de su destreza en cifras, citó un caso que vivió el año pasado.
“Nos dijeron que un vehículo costó $us 10.000 y nosotros hemos determinado mediante estudio de valor que costaba $us 35.000. El primer método de valoración fue que efectivamente se pagó. ¿Qué hace la Aduana? Hemos hecho la cadena de valor, hemos subido la tabla de valores a la Aduana, teníamos el valor referencial, le recordé al importador que vino un día y me dijo yo compré en 10.000 y aquí está mi cheque…ahí le dije que yo he analizado toda la cadena y este vehículo cuesta 35.000. Entonces hemos ajustado. Ante esa situación, me han iniciado un proceso de impugnación pues lo que vale es el primer tema de valor de acuerdo a la OMC. ¿Sabe cuántos recursos he perdido?, 50, porque la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) me ha dicho: señora usted no respeta la primera regla de valor establecida en la Ley General de Aduanas”.


Ante ese fenómeno, Ardaya exteriorizó su preocupación pues señala que, según norma, es correcta la posición de la AIT, es decir, no le queda otra que respetar la primera regla de valor y respetar los $us 10.000 pues así se lo han demostrado en la transacción bancaria.
Ardaya afirma que lo único que queda es analizar la legislación de marcas, hacer una propuesta al Ejecutivo para que los importadores legales puedan poner los precios referenciales lo que ayudaría al Estado y a ellos mismos, porque en definitiva no habría la variación de valor.


Aclara que el tema no es algo inherente solo a la administración aduanera, sino es un tema estructural donde los empresarios del sector automotriz tienen que tomar la batuta analizando el asunto de ‘marca’.
“Si ustedes tuvieran el derecho de marca, pues hacen medidas de frontera y ahí se soluciona el conflicto”, indicó.

La reacción
El gerente general de la CAB, Luis Encinas, informó de que la organización tiene 20 empresas afiliadas que abarcan el 92% de las marcas importadas.
El reclamo de la afectación se sintetiza al negocio de los ‘grises’, es decir, por el impacto que ocasiona la evasión de impuestos y la competencia desleal.


“Si nosotros sabemos que han entrado más de 10.000 vehículos Toyota al país en 2016 y vemos que el representante de la marca apenas importó 3.000, entonces 7.000 fueron internados por otro tipo de importadores. Por eso estamos reaccionando”, manifestó Encinas.


En criterio de los representantes de las firmas automotrices, el problema no es solo la competencia desleal sino el daño que se le hace al país con la evasión de impuestos y tributos en un monto de $us 80 y 100 millones por año.


Por su lado la administración de Zofri (Iquique-Chile) aclaró que centra sus actividades en la generación de espacios de negocios para empresarios de distintas nacionalidades, a través del arriendo de terrenos y galpones y que no puede intervenir en operaciones privadas