“Pedimos que se militarice Sabaya y toda la región de la frontera porque en esa región se han dado los mayores hechos de contrabando. En las trancas revisan absolutamente todo, pero por un costado pasan los vehículos de contrabando y resulta que están protegidos por guardianes fuertemente armados”, afirmó el senador Arturo Murillo, de UD.
En declaraciones públicas, el legislador expresó su preocupación por los alcances del contrabando y el narcotráfico en la frontera con Chile, que para el país es un “enemigo siamés de dos cabezas”, que debe ser enfrentado con acciones contundentes que hasta la fecha el Gobierno no mostró resultados.
En este contexto, Murillo restó importancia al proyecto de ley enviado por el presidente Evo Morales, con carácter de urgente a la Asamblea Plurinacional señalando que ante la existencia de la Ley Nº 100/2011, que crea el Consejo Para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad, conformado por los ministerios de la Presidencia, de Defensa, de Gobierno, de Planificación para el Desarrollo; y Economía y Finanzas Públicas, así como la Ley 400/2014 de Control de Armas de Fuego, Munición, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, el Gobierno debe hacer cumplir las leyes.
“Los oficiales que prestan servicios administrativos en oficinas deben ser desplazados a las fronteras y poner en funcionamiento el Consejo para el desarrollo fronterizo. No podemos seguir haciendo leyes, para tratar de resolver un problema tan delicado en el país, que no sólo está desangrando la economía sino también a la población de militares y policías”, puntualizó.
CAMPAMENTO ADUANERO
A decir de Murillo, el anuncio de la instalación de un campamento aduanero, con equipamiento sofisticado en la región fronteriza con Chile para realizar una lucha frontal contra el contrabando no tiene perspectivas de obtener buenos resultados.
“Está claro que no han hecho nada. Los militares destinados a estas tareas están sometidos a jornadas de explotación, los tiene dos o tres días patrullando sin dormir, no les dan las condiciones necesarias, no tienen la ropa adecuada, carecen del armamento necesario y asimismo de chalecos antibalas, tampoco les pagan horas extras pero les explotan”, afirmó Murillo en la misma entrevista.
En este sentido, señaló que el trato y seguridades para este personal debe ser ampliamente mejorado, inclusive sus salarios, por los riesgos que corren.
“En lugar de tener helicópteros para que el Presidente y el Vicepresidente hagan sobrevuelos a todo lado, deberíamos tener helicópteros artillados para estas tareas. Ese personal anticontrabando debe tener el mejor armamento, los mejores vehículos. Hay que remarcar que esa gente está cuidando el territorio y la economía del país”, enfatizó.
INDEMNIZACIÓN
Entretanto, autoridades nacionales anunciaron que los familiares de los efectivos del UCA asesinados recibirán una indemnización de $us 10 mil por el seguro de vida, cuyo costo corre a cuenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).
A su vez, los resultados de la autopsia realizada a ambos cuerpos confirman que fueron muertos por impacto de balas en la cabeza, con orificios de entrada y salida, informó el director nacional de la Felcc, coronel Nelson Mejía.
El jefe policial anunció la realización de un estudio balístico que dará más elementos sobre la trayectoria de los proyectiles y de la destreza que pudieron tener los tiradores.
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