Lacaya es un punto crítico del contrabando. La comunidad paceña recibe varias vías que utilizan los contrabandistas y que tienen como destino final la ciudad de El Alto. Los pobladores de esta localidad, que está muy cerca de las ruinas de Tiwanaku, piden que se construya una base militar para evitar el paso de mercadería ilegal.
Por el contrario, en Taraco, otra población aimara, evitan hablar del paso ilegal de carga y callan. Sabino Uruchi Quispe es el secretario general de la comunidad Challahahuira, muy cerca de Lacaya. La autoridad aimara señala las vías por donde pasa la mercadería ilegal.
Todos caminos de tierra y, en algunos casos, hay ascensos a cerros sin huellas. El dirigente detalla que los buses y camiones con contrabando operan todas las jornadas a partir de la medianoche hasta las cuatro de la madrugada. Incluso, Sabino explica que primero pasa un vehículo pequeño para verificar si hay controles, una estrategia similar a la que se utiliza en el lado peruano que se denomina ‘liebre’ y ‘culebras’, que es la caravana de vehículos pesados. “Todas las noches pasan por acá (la vía principal de Lacaya).
No hay cómo salir y reclamar por temor. Una vez se paró un vecino y lo amenazaron. Sabemos que tienen armas y son peligrosos”, cuenta Uruchi. Lacaya está a dos horas de El Alto y muy cerca de la mina Catavi. Es una población pequeña que pertenece al municipio de Pucarani. Juan Huanca Yupanqui es el encargado de la comisión encargada de la construcción de un puesto militar en el lugar.
El dirigente detalla que la comunidad donó un terreno de una hectárea al Estado para que pueda construir una infraestructura de vigilancia, todo por temor a los contrabandistas. “Acá puede funcionar el puesto militar porque esta es una zona estratégica. No mentimos y decimos que el contrabando que viene de Perú pasa por acá, por las vías de Lacaya. Por eso queremos un puesto militar, por nuestra seguridad”, exige Huanca Yupanqui.
Desde las islas
Las vías que llegan a Lacaya vienen de muchas partes de Perú, incluso de islas del lago Titicaca. Para sacar la mercadería desde ese lugar se debe atravesar un cerro y así se puede llegar directamente a El Alto y, con un poco más de camino, a Huarina, a orillas del Titicaca. El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando analiza la construcción del puesto militar en esa zona. Personal del Ejército se trasladó al lugar para verificar las condiciones y los efectos de la estrategia, en caso de ejecutar el proyecto. Un informe militar revela que a la zona de Lacaya llega el contrabando tanto por vías de tierra y por las agua del Titicaca.
El texto identifica a las comunidades Taraco, Catavi, Chojasivi, Aygachi y Patapatani. A estos poblados llega desde Perú la mercadería ilegal, que sobre todo es papa, cebolla, ajo, aceitunas, lácteos y otros comestibles. Pero también por estos pueblos se introduce droga, que es producida en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), que es una zona roja en la selva peruana.
El informe añade que existen islas peruanas donde el contrabando es ‘traspasado’ a botes que salen rumbo al lado boliviano. Los islotes que reciben la carga ilícita son Anapia y Yuspiki, que están muy cerca de las comunidades bolivianas.
Taraco es el pueblo más cercano a estas islas. Esta comunidad tiene una plaza renovada y un palacio de justicia moderno. Los negocios son de abarrotes y existe transporte público que sale a municipios cercanos, como Tiwanaku y Guaqui. Jaime Quispe (nombre ficticio) admite que por las noches pasan camiones y buses llenos de contrabando, pero también de droga. “Pasan pues (contrabando), todas las noches pasan.
Nadie hace nada, no hay control y existe hasta temor porque se dice que los contrabandistas y narcotraficantes están armados”, relata el vecino. El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando analiza la construcción de un puesto militar en la comunidad de Lacaya. El terreno ya fue cedido y se espera la aprobación de la construcción.
Efectivos militares llegaron hace un tiempo a la zona para verificar la factibilidad y existe la predisposición para ejecutar el proyecto. En las comunidades de Catavi y Chojasivi se pueden ver vehí- culos modernos con placas brasileñas y peruanas. Recorren las vías de tierra sin ningún tipo de control. Los motorizados tienen los vidrios oscuros y no se puede ver quiénes manejan los carros. “Hay varios de estos autos, salen y entran todos los días”, relata Sabino Uruchi.
Perjuicio a productores
Los pequeños productores de verduras y hortalizas, en mayor medida de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y La Paz, expresan un desincentivo por la competencia desleal de los alimentos que entran de contrabando desde Argentina, Brasil, Chile y Perú. En los últimos años, los mercados bolivianos fueron abarrotados por al menos 30 alimentos introducidos ilegalmente por siete rutas utilizadas por clanes familiares.
Según un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con datos recogidos del Servicio Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), los siguientes productos son los que ingresan al país de manera ilegal: acelga, arveja, ají, ajo, camote, cebolla, lechuga, plátano, tomate, tunta, zanahoria, zapallo, papa, vainita, pimentón, pepino, pera, palta, pomelo, naranja, mandarina, mango, manzana, melón, membrillo, durazno, kiwi, uva, granadillas y ciruelo.
Guillermo Pou Munt es presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb). El empresario asegura que “el contrabando merma los ingresos del Estado” y que el tráfico de alimentos está vigente porque los precios de esos productos están por debajo de lo que oferta el productor local en los mercados”.
Pide al Gobierno duplicar fuerzas para impedir este delito. Pero no solo son verduras lo que ingresan de manera ilegal a Bolivia. También se introduce desde el lado peruano plásticos, lácteos, ropa de origen chino y colchones, entre otras cosas. El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, anuncia un plan estratégico para frenar el tráfico ilegal de productos por zonas aledañas al lago Titicaca. “Estamos iniciando los planes para erradicar el contrabando con Perú, que es un tráfico de ida y vuelta y no solamente de penetración, como ocurre con la frontera con Chile”, detalla.
La autoridad recalca que se movilizaron 8.000 efectivos uniformados en más de 1.000 kilómetros de frontera que tiene Bolivia con Chile y Perú. “Continuamos con la destrucción de caminos, porque ahí está el éxito de los contrabandistas. Ellos van abriendo todos los días nuevas brechas que vamos destruyendo, pero una vez instalados los puestos militares adelantados tendremos más éxito”, remarca. Otra estrategia de introducción de carga ilegal se da desde Desaguadero a Batallas, municipios de La Paz, por la vía lacustre. Es una modalidad que no se cruza con ningún tipo de control terrestre hasta llegar a la sede de Gobierno.
Es un recorrido más largo y costoso, pero es empleado por seguridad. En el movimiento ilícito las mafias utilizan el lago Titicaca también para introducir droga peruana. La cocaína llega a la ciudad peruana de Puno y de ahí se expande a Bolivia por diversas modalidades. Una de ellas es de forma lacustre para evitar los peajes terrestres. Son comunidades en el vecino país donde operan las mafias y la sustancia controlada llega al país por al menos tres recorridos fluviales para luego ir hasta El Alto. La Armada, por ahora, tiene el control del tráfico de drogas y del contrabando que pasa por el lago Titicaca
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