Chile y el contrabando: permisividad, falta de control, mala voluntad...

La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) libra una batalla desigual contra el contrabando en la frontera con Chile, no solo porque quienes se dedican a esa actividad ilegal están mejor equipados y armados, sino también porque las autoridades vecinas se desentienden del combate contra ese delito transnacional, lo que, según autoridades bolivianas y especialistas en la materia, raya en una suerte de protección al ilícito.

El más reciente incidente en la frontera con Chile (la detención de dos militares y siete funcionarios aduaneros bolivianos) puso en evidencia, según la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, una “permisibilidad y falta de control” al contrabando hacia Bolivia por parte de su par chileno, además de una falta de coordinación entre la aduana vecina y Carabineros, los efectivos policiales del vecino país.

“Nosotros estamos luchando contra el contrabando e incautamos, pero no puede ser que se proteja (la actividad ilícita) y se haga permeable la frontera”, manifiesta.

Y el hecho de que la mercadería salga de la vecina nación por puntos no autorizados, como presumiblemente pasó en el incidente del fin de semana, lleva a pensar, de acuerdo con Ardaya, que hay práctica protección a la actividad ilícita; y se pregunta “¿a cambio de qué?, eso deberían ellos (autoridades de Chile) reflexionar”.

Similar es el criterio del ministro de Gobierno, Carlos Romero, para quien hay “una suerte de protección por parte de los dispositivos chilenos a la actividad del contrabando, que tal vez debería ser objeto de una investigación”.

ENCUBRIMIENTO. Para Raúl Ruiz Roca, exagente consular de Bolivia en Iquique por más de 10 años, está claro que “existe un evidente encubrimiento al delito transfronterizo (contrabando), al amparo de sus normativas (de Chile) y de su zona franca”.

Y es que las normas en la vecina nación —explica— hacen posible la internación a Bolivia de diferente productos bajo la modalidad denominada Sistema Registro Factura (SRF). Según la cifras oficiales, destaca Ruiz Roca, las ventas de la Zona Franca de Iquique (Zofri) de 2016 se distribuyeron: 43% hacia el extranjero, 54% a las regiones Tarapacá y Arica Parinacota (fronteras con Perú y Bolivia), y 3% al resto de Chile. Ese 54% va al norte chileno con el citado documento SRF y teóricamente el único destino es ése, cuando en realidad es Bolivia. “Se supone que son compras con destino a ciudades o comunas de estas dos regiones, pero son desviadas y es el principal mecanismo que los contrabandistas, al amparo de las leyes chilenas y de sus autoridades, utilizan para llegar hasta las cercanías de Colchane sobre nuestra frontera y a los pasos no habilitados, sin ningún tipo de fiscalización aduanera y con la aquiescencia de Carabineros de Chile”, dice.

Ese sistema, según Ruiz Roca, instaurado en el gobierno del dictador chileno Augusto Pinochet, es el que encubre “al contrabando, al comercio ilegal internacional”.

El transportista chileno Sergio Arquero, cuyo motorizado fue interceptado el fin de semana por los funcionarios de la Aduana boliviana, parece darle la razón. Tras la audiencia en que se determinó la detención de los nueve bolivianos en el penal de Alto Hospicio (Iquique) declaró a los medios que lleva la mercadería a la frontera, no importando si su internación a Bolivia está prohibida (como lo está la ropa usada, por ejemplo), y la entrega a conductores bolivianos, incluso en puntos de frontera que no son pasos legales.

“Y quién le dijo que es necesario un paso habilitado”, respondió a la pregunta de por qué trasladaba mercadería a un lugar no autorizado. Es más, manifestó que se encontraba por ese sector porque es territorio chileno: “Yo soy chileno y puedo transitar por todo el territorio chileno”. Asimismo, afirmó que el traslado que hace de mercadería es legal porque la misma sale con el visto bueno de la Zona Franca de Iquique. “A nosotros no nos interesa si ellos (los transportistas bolivianos) cometen contrabando o no, porque ustedes tienen leyes diferentes, nosotros no estamos transgrediendo la ley, de lo contrario no hubiéramos pedido ayuda a Carabineros”, expresó.

DESCOORDINACIÓN. Por la experiencia en la materia, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, considera que las autoridades de la vecina nación no generan condiciones para que la mercadería que es redespachada o exportada desde puertos chilenos llegue a Bolivia de manera legal.

“Hablar de complicidad con relación a la Aduana chilena con el contrabando es muy temerario, pero yo diría que sí es una mala voluntad de parte de esa entidad para acompañar el esfuerzo le luchar contra ese flagelo”, manifiesta.

Rodríguez aboga por una mejor coordinación entre las entidades recaudadoras de Bolivia y Chile para que toda la mercadería que sale legalmente de los puertos ingrese de manera lícita al país, a fin de que “no se pierda esa condición de legalidad en un ‘territorio de nadie’, que existe en alguna parte de la frontera entre Chile y nuestro país”.

La Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA), a través de su secretaria ejecutiva, Alexia Flores, demanda a la aduana chilena “tomar acciones más contundentes” y combinar esfuerzos con su par boliviana para combatir eficientemente este delito.

¿Y por qué es necesario que Chile se involucre en la lucha contra esta actividad ilegal y no alegue el carácter liberal de su economía?

La respuesta la da Rodríguez, quien explica que al ser Bolivia un país enclaustrado, sin acceso soberano al mar, la vecina nación hoy es el “paso obligado” de la mayor parte de mercadería boliviana de importación y exportación. Tras la pérdida del Litoral en la Guerra del Pacífico (1879-1883), Bolivia tiene que utilizar los puertos chilenos para internar y despachar sus mercancías.

“El control debería darse tanto para la mercadería que está siendo reexpedida desde la Zona Franca de Iquique, así como de otros puertos, ya sea con destino a Bolivia o a otros países”, sostiene Rodríguez.

Pero lejos de hacer esa fiscalización, Ardaya, presidenta de la Aduana boliviana, asegura que esa permeabilidad y falta de control en Chile se hace evidente con las múltiples incautaciones de mercadería de contrabando. Pone como ejemplo el decomiso de 2.432 televisores, refrigeradores, lavadoras y microondas, valuados en Bs 5,5 millones, en enero de este año en Cochabamba, el mayor golpe a ese ilícito.

PRUEBA. Otro hecho que ilustra el contrabando, cuenta, es cómo el lunes, luego de que los funcionarios aduaneros y militares fueran detenidos, una comitiva de efectivos bolivianos viajó hasta esa zona y en el recorrido se incautó de cuatro vehículos indocumentados cerca de la frontera, en territorio boliviano, que ingresaron por rutas que no son pasos legales.

Aunque sin detallar cifras, Ardaya sostiene que casi todo el contrabando procede de la Zona Franca de Iquique, pues los niveles de incautación de mercadería que despacha ese puerto son altos, lo que evidencia una “falta total de control de la Aduana de Chile”.

Rodríguez y Flores coinciden en que debe haber mayor coordinación y trabajo conjunto entre las entidades aduaneras, porque ello puede mejorar la lucha contra ese delito transnacional. Ardaya explica que ello no es posible porque de todos los países con los que limita Bolivia, el único que se niega a hacer operativos conjuntos fronterizos es Chile.

“Nunca hubo la intención de las autoridades chilenas de hacer operativos conjuntos en la frontera; lo hago con Perú, con Argentina y con Brasil, obviamente hay una desconexión”, dice la titular de la ANB.

Indica que de hacerse ese tipo de actuaciones, ello permitiría realizar intervenciones en el territorio del otro país sin el riesgo de que haya detenciones. “Ahí uno no se cuida si es frontera o no lo es”, enfatiza, y añade: “Eso no se hace con Chile porque nunca quisieron, así de simple”.

Y es necesario establecer operativos combinados, dice Rodríguez, porque “‘la sensación riesgo’ aumentaría y eso ayudaría a disuadir a los contrabandistas para que hagan ‘su agosto’ en cualquier mes del año”.

El excónsul Ruiz Roca recuerda que en encuentros bilaterales se conversó sobre la necesidad de impulsar acuerdos de cooperación mutua entre las dos aduanas, pero, señala, esos entendimientos no tuvieron efecto pese al compromiso asumido por la entidad chilena, la que, por ejemplo, se comprometió a restringir la nacionalización en su territorio de la ropa usada o de vehículos usados, mercaderías cuya internación al país está prohibida; pero no cumplió.

El ministro Romero recuerda que existen acuerdos y compromisos con Chile y otros países limítrofes para que haya una colaboración recíproca en la lucha contra delitos transnacionales, que “son de acuerdo con la especificidad de delitos que caracterizan a un país; por decir, Argentina es lucha contra la trata de personas, con Chile es contrabando, además de los delitos de narcotráfico. Entonces, en estos documentos de manera genérica nos hemos comprometido a prestarnos colaboración”.

¿Y por qué Chile se desentiende de la lucha contra un delito transnacional, es decir, que no solo afecta a Bolivia, sino a ese mismo país?

Para Ruiz, la respuesta es clara: “Es un sistema ideado y planificado para quebrantar la economía nacional” y complementa que aun cuando esto sea legal en esa nación, ello “no le quita el carácter de encubrimiento al contrabando y a la falsificación al comercio ilegal internacional”.

Para el diputado Javier Zavaleta, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), en Chile hay una actitud hostil que pretende socavar y agredir a la economía boliviana, más con los últimos gobiernos, a raíz del juicio interpuesto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Rodríguez, del IBCE, añade que la actitud de las autoridades de la vecina nación es desaprensiva. Este ilícito afecta a la economía nacional en su conjunto, es decir, al Estado, que deja de percibir impuestos; a la producción nacional porque pierde una parte del mercado y merma los empleos formales; asimismo, perjudica a la salud de la población y finalmente alienta la informalidad.

MUNDIAL. Ahora bien, todas estas acciones de la entidad aduanera chilena son de conocimiento de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). En noviembre de 2016, la Aduana boliviana puso en conocimiento de ese organismo la actitud “irresponsable” de la repartición chilena porque “nacionaliza basura que luego exporta a Bolivia vía contrabando, a sabiendas de que en nuestro país está prohibida la internación, por ejemplo, de autos indocumentados”, según afirmó Ardaya en esa ocasión.

La falta de control por parte de la Aduana chilena también fue puesta a conocimiento de la Central de Riesgos de la OMA. “Estamos comunicando estos temas incidentales, de tal manera que alerte a todos los países que estamos encontrando estos problemas en temas de control de las aduanas. ¿Qué connotación tiene para nosotros al notificar en la central de riesgos?, primero, que los países van a poner una alerta roja a todos los envíos que procedan justamente de estas aduanas, esto se llama gestión de riesgo para cada una de nuestras entidades aduaneras”.

Pero también la entidad recaudadora boliviana decidió tomar medidas con respecto a la mercancía que proviene sobre todo de Iquique, dado que no se hace una fiscalización adecuada en la vecina nación.

“Lamento tener que decirlo, pero los comerciantes que vayan a traer de Iquique y todo lo que se refiere a Chile, pues ahora tenemos un canal rojo definitivo”, comunicó.

La importación de las mercancías, según un manual publicado en el portal de la ANB, establece que tras el pago de “los tributos aduaneros, mediante el sistema informático Sidunea, se asigna automáticamente un canal de control a la Declaración Única de Importación (DUI)”.

La mercadería pasa por tres tipos de control: Canal verde, amarillo o rojo. En el primero se autoriza el despacho “sin que la mercancía ni la documentación sean verificadas por la Aduana”. Mientras que en la vía amarilla se revisa concordancia de la documentación y el cargamento; y en la roja, un técnico “realiza examen documental y físico” del carguío. En ambos casos, “si existen observaciones se realizan los ajustes y, de corresponder, los reintegros pertinentes”, cita el documento.

Los importadores tienen un primer control en la Aduana de origen, en este caso Chile, pero que, según Ardaya, es deficiente.