El 20 de febrero, un grupo de al menos 50 personas atacó a una patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) cerca de Pisiga, en el departamento de Oruro, para evitar el decomiso de tres camiones con contrabando. Tras ese hecho, los pobladores de esta región fronteriza con Chile se comprometieron a colaborar en la destrucción de los pasos ilegales.
“Luego de la acción violenta de los contrabandistas y de gente contratada por ellos para atacar a las Fuerzas Armadas durante ese operativo anticontrabando, nos reunimos con los pobladores y autoridades de Pisiga y ellos aseguraron su ayuda en la destrucción de caminos ilegales con el uso de tractores”, detalló a Cambio el viceministro de Lucha contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez.
La autoridad aclaró que durante ese enfrentamiento, que ocurrió en un sector denominado Las Antenas, en las afueras de Pisiga, no participaron ni hubo ataque de los pobladores, sino que las acciones violentas fueron lideradas por gente contratada como avanzada por los contrabandistas para detener a los miembros de la FTC.
“Se trata de los conocidos ‘loros’ o estibadores —en su mayoría jóvenes— que avanzan por delante de los convoyes para limpiar el camino e informar a los delincuentes sobre nuestra presencia”, indicó.
Durante esa intervención, un contrabandista perdió la vida por un impacto de proyectil de arma de fuego, en tanto que tres de cuatro camiones fueron incinerados por los militares.
Repudio general
El ingreso constante de contrabandistas es rechazado por los pobladores de Pisiga, ya que el paso de estos camiones, por lo general durante las noches y madrugadas, causa la destrucción de pastizales y provoca la muerte del ganado puesto que los motorizados avanzan a toda velocidad arrasando con todo lo que está a su paso.
“En Pisiga tenemos mucha colaboración y por primera vez estamos trabajando junto con la población para detener una amenaza transnacional a la economía del Estado y a la producción nacional”, manifestó.
Puestos militares
En la actualidad hay cinco puestos militares adelantados en la frontera con Chile (Charaña, Sepulturas, Lagunas, Macaya e Hito 23) que operan con la totalidad de sus capacidades, por ello el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando controla 213 kilómetros de la línea fronteriza. Para los primeros días de abril está prevista la entrega de otros seis que garantizarán una vigilancia constante de al menos 80% de ese territorio.
“Estamos culminando las obras civiles de los domos que se instalarán en Pisiga, tres detrás del salar de Uyuni, en Lacaya, en el Hito 4 y Catacora”, afirmó la autoridad.
“Estos puestos nos permiten destruir los caminos de ingreso no autorizados; entonces, al estar los contrabandistas impedidos de ingresar a Bolivia se ven obligados a pasar por cualquiera de los tres puntos primarios, Charaña, Pisiga o Tambo Quemado”, apuntó.
Los militares utilizan artefactos explosivos para destruir los pasos ilegales, además de maquinaria pesada; sin embargo, los contrabandistas se dan modos para volver a habilitarlos e incluso para ponerles asfalto.
Tecnología de punta en la lucha anticontrabando
A fin de fortalecer las labores de control, patrullaje, decomiso de mercadería ilegal y destrucción de vías no autorizadas, el Gobierno dotó a las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) de armamento, camionetas, drones, cuadratracks, equipos de comunicación, pero sobre todo de mejores condiciones de trabajo y habitabilidad en los puestos militares adelantados.
“Ahora nuestros efectivos realizan sus labores en las mismas condiciones e incluso superiores que los contrabandistas, ya que esa gente invierte grandes sumas de dinero para evitar a las patrullas”, dijo Rodríguez.
El viceministro pidió la colaboración de todas las poblaciones fronterizas para combatir al contrabando. Aseguró que quienes ayudan a estos clanes delincuenciales solo están postergando el desarrollo propio.
“Seremos implacables con la gente que se dedica a este ilícito porque afecta al país”, indicó.
