Video PEriodista de Oruro nos cuenta el enfrentamiento entre militares y contrabandistas

Video Pisiga Contrabandistas queman 3 camiones y muere una persona

Contrabando en Pisiga Un muerto y tres camiones incinerados

Un grupo de 100 comunarios vinculados al contrabando atacaron con dinamitas a un contingente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la localidad de Pisiga, en cercanías al sector de las antenas, en el departamento de Oruro, cuando interceptaron a un convoy con mercadería ilegal. Una persona de 42 años falleció por un impacto de bala y tres camiones fueron incinerados para evitar que la carga sea recuperada.

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó que el hecho se produjo al promediar las 07.00 de ayer, cuando cuatro camiones estaban ingresando provenientes de territorio chileno cuando fueron interceptados por los efectivos anticontrabando. Inmediatamente alrededor de 100 personas se aproximaron a las patrullas militares y comenzaron a atacarlos con dinamitas, piedras y palos.

“Las patrullas han interceptado un convoy de camiones con mercadería de contrabando, inmediatamente han salido un grupo de personas que han empezado a atacar a los militares. Se tuvo que hacer uso de las armas de fuego y quemar los tres camiones en el mismo lugar”, explicó Zavaleta.

INCAUTACIÓN

La autoridad indicó que el gentío intentó que los efectivos de la FTC incauten la mercadería que era trasladada en los camiones, comenzaron a lanzar dinamitas y piedras hacia el contingente militar, por lo que estos debieron usar sus armas de fuego para dispersar a la turba.

Los militares prendieron fuego a tres camiones para evitar que la turba pueda recuperar la mercancía ilegal, uno de los vehículos de alto tonelaje trató de retornar a territorio chileno pero en ese momento el conductor perdió el control y se volcó. Al momento no existe ninguna persona aprehendida y se dispuso el retiro de los militares, según informó la autoridad.

La Ley 1053 de Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando, promulgado el 25 de abril del 2018 permite que los militares puedan hacer uso de sus armas de fuego, en base al riesgo que surja en los operativos que se realicen para evitar el ingreso de mercadería ilegal.

VÍCTIMAS

El uso del armamento de reglamento derivó en el deceso de Edgar F. V. de 42 años originario del departamento de Potosí, él y su familia se trasladaron hasta Pisiga para realizar compras a la feria internacional que se instala en esa región cada dos semanas, a poca distancia donde se interceptó a los camiones, informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel William Cordero.

Según el informe de la autoridad policial, un grupo de comunarios se acercó a los motorizados para intentar saquear la mercadería y otros que se apostaban a defender los camiones. En el momento del cruce de fuego, la víctima fue alcanzada por un proyectil perdiendo la vida casi de forma inmediata.

“De acuerdo con los informes preliminares se conoce que tiene un impacto de proyectil, este hecho se produce entre que saquean los camiones y otro grupo de personas defienden la mercadería”, dijo la autoridad.

El director departamental de la Felcc de Oruro, coronel Manuel Vergara, señaló que los comunarios se llevaron el cuerpo y no dejaron que la policía realice su trabajo.

Horas después, un equipo multidisciplinario conformado por forenses, personeros del Ministerio Público llegaron al lugar y el cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Oruro.

Entre los 28 kilómetros que distan entre Pisiga, Bolivia y Cariquima, en Chile existen al menos ocho rutas ilegales de ingreso al país que son usadas por los contrabandistas. El Gobierno procedió a desactivar estos ingresos pero de una u otra forma los traficantes las rehabilitan, refirió la autoridad.

Muerte y contrabando en el camino a Pisiga

El tupizeño Edgar Freddy Villegas Ramos, de 42 años de edad, perdió la vida ayer durante los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y contrabandistas en cercanías a la localidad fronteriza de Pisiga, cuando fueron interceptados camiones con mercancía ilegal.

La autopsia de ley practicada en el cuerpo de Villegas confirmó que murió por impacto de bala (disparo de arma de fuego) de uno de los militares de la lucha contra el contrabando.

Según la familia del difunto, Villegas era natural de Tupiza y llegó a Pisiga para participar en una feria de la comunidad.

Por el alboroto de la gente durante el operativo contra el contrabando, la víctima fue movida por la curiosidad y se acercó resultando herido de bala y luego falleció a las 7.30 de ayer.

Sus allegados lo trasladaron hasta la localidad de Sabaya, distante a unos 30 kilómetros de Pisiga, donde confirmaron el deceso.

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, señaló que el hecho ocurrió en el sector de Las Antenas de la localidad de Pisiga, donde militares interceptaron un “convoy” de camiones con mercadería ilegal y cuando intentaron decomisarlos, fueron atacados por un centenar de presuntos contrabandistas y comunarios provistos de piedras, palos y explosivos.

Según la autoridad, como medida de defensa, los soldados utilizaron sus armas y quemaron los camiones, que en un principio se aseguró que eran tres, pero el jefe policial afirmó que incineraron dos, porque uno se dio a la fuga. A pocos kilómetros se volcó y los comunarios habrían tomado la mercadería de ese motorizado.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Williams Cordero, dijo que la incineración de los motorizados fue porque “existe imposibilidad de incautar mercadería en el sector”; empero no se precisó quién encendió el fuego.

En junio de 2018, ante frecuentes enfrentamientos en las fronteras con contrabandistas, el ministro Zabaleta anunció la creación del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO), con sede en el regimiento Camacho del departamento de Oruro y que reemplazó a la Unidad de Control Aduanero (UCA).

La autoridad entonces explicó que la política gubernamental persigue tres objetivos principales que buscan frenar las pérdidas económicas por el contrabando, que es de $us 300 millones anuales según estimación oficial; salvaguardar la vida de los efectivos y otras personas durante los operativos aduaneros y contar con los medios necesarios para una lucha más efectiva.

A más de medio año de la creación del CEO, el delito del contrabando volvió a cobrar una vida.

DECRETO SUPREMO N° 3640 - El presente Decreto Supremo tiene por objeto realizar modificaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas

DECRETO SUPREMO N° 3640
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado, establece que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.
Que los numerales 4 y 5 del Parágrafo I del Artículo 298, del Texto Constitucional, determinan que es competencia privativa del nivel central del Estado el régimen aduanero y de comercio exterior.
Que el Artículo 111 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Décima Cuarta de la Ley Nº 317, de 11 de diciembre de 2012 y la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 975, de 13 de septiembre de 2017, señala la denuncia y distribución de mercancías decomisadas por contravenciones y delitos flagrantes de contrabando de importación y exportación.
Que el Parágrafo I del Artículo 192 de la Ley N° 2492, modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 615, de 15 de diciembre de 2014 y la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 975, dispone la adjudicación de mercancías decomisadas por ilícito de contrabando, al Ministerio de la Presidencia.
Que el Artículo 155 de la Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas, modificado por el Parágrafo V del Artículo 3 de la Ley N° 615 y la Disposición Adicional Séptima de la Ley N° 975, establece que las mercancías abandonadas de forma voluntaria o de hecho cuyo propietario no haya solicitado el levante de las mismas con posterioridad a la notificación de la declaración de abandono, conforme a los plazos establecidos para este efecto, serán adjudicadas por la Aduana Nacional al Ministerio de la Presidencia, a título gratuito, exentas del pago de tributos aduaneros de importación, y los gastos concernientes a los servicios de almacenaje.
Que el Artículo 4 de la Ley N° 615, modificado por la Disposición Adicional Octava de la Ley N° 975, señala el procedimiento para la adjudicación, entrega y destrucción de las mercancías.
Que el Artículo 121 de la Ley N° 1990, dispone que la Aduana Nacional autorizará, con carácter transitorio, el almacenamiento de mercancías bajo vigilancia aduanera, fuera de los depósitos de aduana, cuando las mismas requieran tratamiento especial y estarán sujetas a garantías económicas suficientes constituidas por los sujetos pasivos.
Que en virtud a las competencias privativas del nivel central del Estado, se hace necesario establecer modificaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas, estableciendo un procedimiento ágil y expedito para la disposición de mercancías comisadas y abandonadas, así como establecer un procedimiento para el incentivo a la denuncia.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto realizar modificaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000.
ARTÍCULO 2.- (MODIFICACIONES).
I. Se modifica los Parágrafos IV y V del Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:
“IV. El ingreso de las mercancías que incumplan con la presentación de la Autorización Previa, dará lugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan de acuerdo a normativa vigente.
V. En caso de mercancías sujetas a adjudicación o subasta, producto del abandono con resolución firme o decomisadas por ilícito de contrabando, la autoridad competente bajo responsabilidad funcionaria y a título gratuito, deberá emitir un certificado equivalente a la Autorización Previa en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles administrativos, computables a partir de fecha de la solicitud.
Ante el incumplimiento del plazo para la emisión del certificado equivalente a la Autorización Previa, la administración aduanera podrá destruir las mercancías o entregar las mismas a la autoridad competente, según corresponda; a efectos de que se proceda conforme a la normativa en vigencia.”
II. Se modifica el Parágrafo VI del Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:
“VI. En caso de mercancías sujetas a adjudicación o subasta, producto del abandono con resolución firme o decomisadas por ilícito de contrabando, la autoridad competente responsable de la emisión de la Certificación deberá emitir la misma en los plazos conforme a Ley.
Ante el incumplimiento del plazo para la emisión de la Certificación, la administración aduanera podrá destruir las mercancías o entregar las mismas a la autoridad competente, según corresponda; a efectos de que se proceda conforme a la normativa en vigencia.”
III. Se modifica el párrafo primero del inciso b) del Artículo 154 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:
“b) Depósito Transitorio: Son depósitos autorizados por la administración aduanera, previa constitución de garantía, para el almacenamiento de mercancías por el plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario.”
IV. Se modifica el Artículo 157 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:
“ ARTÍCULO 157 (ADJUDICACIÓN Y SUBASTA DE MERCANCÍAS).
I. La administración aduanera en coordinación con el Concesionario de Depósito Aduanero o Zona Franca, en el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos, siguientes a la fecha de emisión de la Resolución Sancionatoria, comunicación al Fiscal o a la Autoridad Jurisdiccional en los casos de ilícito de contrabando, según corresponda, o vencido el plazo para efectuar el levante de abandono de mercancías, realizará un inventario de mercancías sujetas a adjudicación.
II. El inventario de mercancías sujetas a adjudicación, será puesto a conocimiento del Ministerio de la Presidencia, a través del sistema informático habilitado al efecto, a fin de que dicha Cartera de Estado, dentro los siguientes cinco (5) días hábiles administrativos posteriores a la publicación del inventario en el sistema, seleccione las mercancías.
III. Las mercancías seleccionadas por el Ministerio de la Presidencia, serán adjudicadas por la Administración Aduanera en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles administrativos siguientes al vencimiento del plazo establecido en el Parágrafo anterior, a fin de que dicha Cartera de Estado proceda a recoger las mercancías adjudicadas, dentro de los plazos señalados por Ley.
IV. Las mercancías no seleccionadas y aquellas que no sean recogidas por el Ministerio de la Presidencia en los plazos establecidos por Ley, serán dispuestas por la Aduana Nacional en Subasta Pública o destrucción, según corresponda.
La Aduana Nacional emitirá convocatoria de los procesos de subasta que desarrollará durante la gestión, precisando los periodos de vigencia de estos, así como el cronograma de recepción de ofertas dentro de cada proceso y otros aspectos que considere necesarios.
La formalización de ofertas y las actuaciones administrativas relacionadas a la adjudicación de mercancías subastadas podrán realizarse a través de los medios electrónicos, informáticos o telemáticos habilitados por la Aduana Nacional, que tendrán plena validez a efectos de su notificación, cómputo de plazos, adjudicación y demás actuaciones realizadas.
V. Las mercancías adjudicadas en el segundo proceso de subasta, que no sean recogidas por los beneficiarios de las mismas, en los plazos establecidos al efecto, serán destruidas por la Aduana Nacional.
VI. Los alimentos consignados en los Parágrafos II, III y IV del Artículo 192 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, deberán ser adjudicados conforme a los plazos establecidos en la Ley, excluyéndose del procedimiento establecido en el presente Artículo; no obstante, en caso de no ser recogidos en los plazos señalados por Ley, se procederá a su destrucción.”
ARTÍCULO 3.- (INCORPORACIÓN). Se incorpora el Artículo 157 Bis en el Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:
“ ARTÍCULO 157 Bis (DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS).
I. La administración aduanera y el Concesionario de Depósito Aduanero o Zona Franca, a tiempo de verificar físicamente el estado y/o condiciones de la mercancía comisada o abandonada, identificará aquellas prohibidas por disposiciones legales o que no sean aptas para su uso o consumo, a efectos de que se proceda a su destrucción, sin perjuicio del estado del proceso penal, judicial o administrativo a que hubiera lugar, previa comunicación al Fiscal o Autoridad Jurisdiccional o entregadas a la Autoridad Competente en los casos que corresponda.
II. Las mercancías que incumplan las previsiones establecidas en los Artículos 118 y 119 y aquellas provenientes del proceso de adjudicación o subasta, conforme al Artículo 157 del presente Reglamento, deberán ser destruidas por la Aduana Nacional, en un plazo no mayor a dos (2) meses.
III. La destrucción de mercancías podrá realizarse a través de recicladores, operadores autorizados u otras entidades que garanticen la gestión ambiental segura y la trazabilidad hasta su disposición final, conforme normativa vigente, debiendo suscribirse actas que manifiesten la gestión realizada.”
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.-
I. En los casos de denuncia por ilícito de contrabando, la Aduana Nacional velará que la identidad del denunciante individual sea confidencial, debiendo adoptar las medidas correspondientes para mantenerla en reserva. En el caso de que el denunciante sea una comunidad o pueblo, no será necesaria dicha reserva.
II. El plazo para que la administración aduanera emita la Declaración de Mercancías de Importación o autorización de pago en efectivo, en razón al incentivo de la denuncia, será de quince (15) días hábiles computables a partir de la emisión del Acta de Intervención, salvo que la mercancía requiera certificación para el despacho aduanero, en cuyo caso el plazo se computará a partir de la recepción de dicho documento por la administración aduanera.
III. El denunciante que sea beneficiado con mercancía como incentivo a la denuncia, deberá retirar la misma del depósito aduanero correspondiente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de su notificación con la Declaración de Mercancías de Importación.
En caso de que el incentivo consista en un monto de dinero en efectivo, el denunciante deberá efectuar su cobro dentro del plazo de quince (15) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de notificado con la autorización de pago.
IV. Cuando el incentivo a la denuncia consista en la entrega de mercancía y ésta no sea recogida por el denunciante dentro del plazo establecido al efecto, se anulará la Declaración de Mercancías de Importación en sistema informático de la Aduana Nacional, debiendo someterse al procedimiento de disposición de mercancías decomisadas conforme a la normativa vigente.
En caso de que el incentivo consista en la entrega de un monto de dinero y el denunciante no haga efectivo su cobro en el plazo establecido al efecto, perderá dicho beneficio, consolidándose a favor de la Aduana Nacional.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- Se modifica el Parágrafo III del Artículo 9 del Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos – ICE, aprobado por el Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 2756, de 4 de mayo de 2016, con el siguiente texto:
“III. No está permitida la transferencia, cesión, endoso, venta o cualquier otra forma de enajenación de la propiedad, de vehículos automotores y motocicletas en depósitos aduaneros y zonas francas.
Se exceptúa de esta prohibición a:
a) Las transferencias de vehículos a favor de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares, Misiones Permanentes, Organismos Internacionales, Gubernamentales, Intergubernamentales, Multilaterales, Regionales y Subregionales;
b) Las transferencias realizadas en la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija, de acuerdo a normativa específica;
c) La transferencia en depósitos transitorios efectuada entre personas jurídicas que cuenten con el Número de Identificación Tributaria y documentación idónea que acredite la actividad de compra y venta de vehículos.
Para tal efecto el consignatario que transfiera el vehículo, deberá solicitar la autorización de transferencia a la administración de aduana correspondiente, adjuntando el Número de Identificación Tributaria y la documentación del comprador, que acredite que la actividad que realiza corresponde a la compra y/o venta de vehículos.
Producida la aceptación por parte de la administración de aduana, el comprador deberá presentar la declaración de mercancías de importación y realizar el pago de los tributos aduaneros dentro del plazo establecido para depósito transitorio.
La no presentación de la declaración de mercancías de importación dentro del plazo establecido para depósito transitorio, dará lugar a la anulación automática de la autorización y la ejecución de la garantía constituida al efecto, de la mercancía no nacionalizada.”
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.-
I. La modificación establecida en el Parágrafo III del Artículo 2 del presente Decreto Supremo, entrará en vigencia al vencimiento de los cinco (5) días hábiles administrativos de su publicación.
II. Al vencimiento de los cinco (5) días hábiles administrativos de la publicación del presente Decreto Supremo, los Depósitos Transitorios que a la fecha se encuentren constituidos, podrán solicitar a la Aduana Nacional, la ampliación del plazo de depósito por hasta sesenta (60) días calendario adicionales al periodo inicial.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- La Aduana Nacional en un plazo de hasta sesenta (60) días calendario computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, deberá emitir la reglamentación operativa correspondiente y realizará las adecuaciones informáticas necesarias para su cumplimiento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Las mercancías comisadas o abandonadas existentes en recintos aduaneros o en zonas francas, serán dispuestas mediante adjudicación, subasta o destrucción conforme a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS
DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se derogan las siguientes disposiciones:
⦁ Artículo 63 del Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004;
⦁ Disposición Final Única del Decreto Supremo N° 1487, de 6 de febrero de 2013.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.-
I. A efecto de dar cumplimiento al Artículo 111 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Décima Cuarta de la Ley Nº 317, de 11 de diciembre de 2012 y la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 975, de 13 de septiembre de 2017, de modificaciones al Presupuesto General del Estado - Gestión 2017, se autoriza a la Aduana Nacional a efectuar transferencias público - privadas, para el pago por el incentivo a la denuncia de ilícitos de contrabando, al efecto la Aduana Nacional, emitirá la reglamentación correspondiente.
II. El pago por el incentivo a la denuncia de ilícitos de contrabando, deberá ser autorizado a través de Resolución emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, misma que podrá ser delegada conforme a la normativa vigente.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los diez días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.

Video Presidenta de Aduanas sobre los soldados y el sargento detenidos por Camiones de Contrabando

DECRETO SUPREMO N° 3636 - El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el sistema de control dentro el territorio nacional, que contribuirá a evitar el contrabando de producción agropecuaria.

DECRETO SUPREMO N° 3636
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo II del Artículo 16 de la Constitución Política del Estado, determina que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.
Que el Parágrafo I del Artículo 20 de la Ley N° 144, de 26 de junio de 2011, de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, establece que el pueblo boliviano a través de las instancias de planificación participativa, definirá su propio sistema alimentario desde el ámbito de la producción, transformación, comercialización y consumo responsable, determinando niveles de autosuficiencia en coherencia a la gestión adecuada de las bondades de la Madre Tierra para alcanzar la soberanía alimentaria.
Que el Parágrafo III del Artículo 27 de la Ley N° 338, de 26 de enero de 2013, de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias – OECAS y de Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria, establece que a través del Registro Único se procederá a la acreditación de los sujetos de la agricultura familiar sustentable del área rural del país por rubros y de acuerdo al nivel de desarrollo de los mismos en el proceso productivo. Adicionalmente, este generará y sistematizará información productiva rural según el calendario agrícola, difundirá los productos y servicios de los sujetos de la agricultura familiar sustentable, cuantificará su aporte al desarrollo económico local y nacional, el aporte económico de la mujer y la juventud rural, los volúmenes y diversificación productiva, entre otros.
Que la Ley Nº 1053, de 25 de abril de 2018, de Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando, tiene como objeto fortalecer mecanismos de coordinación interinstitucional y acción para la lucha contra el contrabando.
El Parágrafo II del Artículo 5 de la Ley Nº 1053, establece que la mercancía y los instrumentos intervenidos en flagrancia deberán ser depositados de forma inmediata en recintos aduaneros o instalaciones autorizadas por la Aduana Nacional.
Que se ha determinado un incremento del volumen de internación ilegal de productos agropecuarios similares a los producidos en territorio nacional, constituyéndose como amenaza para el sector, asimismo, un riesgo sanitario y fitosanitario, en este sentido, el Gobierno Nacional ha definido una política económica y social para enfrentar esta situación.

EN CONSEJOS DE MINISTROS,

DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el sistema de control dentro el territorio nacional, que contribuirá a evitar el contrabando de producción agropecuaria.
ARTÍCULO 2.- (SISTEMA DE CONTROL).
I.            Los datos e información del Registro Único de la Agricultura Familiar Sustentable – RUNAF, del Observatorio Agroambiental Productivo, se constituyen en la fuente única y oficial que acredita ante la Aduana Nacional y otras entidades competentes del Estado de lucha contra el contrabando que los productos sujetos a control, son de producción nacional.
II.          La aplicación del presente Decreto Supremo, se priorizará dentro de la franja fronteriza, municipios y territorios colindantes.
ARTÍCULO 3.- (VERIFICACIÓN). Los datos e información contenidos en el RUNAF, estarán disponibles para su verificación mediante la plataforma de interoperabilidad del Estado, por cualquier entidad pública de acuerdo a sus atribuciones y competencias.
ARTÍCULO 4.- (LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO). El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, en el marco de sus atribuciones queda encargado de coordinar y articular con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana a través del Ministerio de Gobierno, Aduana Nacional y Ministerio Público, las tareas destinadas a la interdicción y detención del contrabando de productos agropecuarios en el territorio nacional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- En el plazo de noventa (90) días, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras actualizará el reglamento del RUNAF.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Defensa; y de Desarrollo Rural y Tierras, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Municipio de Yapacaní del Departamento de Santa Cruz, a los dos días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.