jueves, 21 de febrero de 2019

Muerte y contrabando en el camino a Pisiga

El tupizeño Edgar Freddy Villegas Ramos, de 42 años de edad, perdió la vida ayer durante los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y contrabandistas en cercanías a la localidad fronteriza de Pisiga, cuando fueron interceptados camiones con mercancía ilegal.

La autopsia de ley practicada en el cuerpo de Villegas confirmó que murió por impacto de bala (disparo de arma de fuego) de uno de los militares de la lucha contra el contrabando.

Según la familia del difunto, Villegas era natural de Tupiza y llegó a Pisiga para participar en una feria de la comunidad.

Por el alboroto de la gente durante el operativo contra el contrabando, la víctima fue movida por la curiosidad y se acercó resultando herido de bala y luego falleció a las 7.30 de ayer.

Sus allegados lo trasladaron hasta la localidad de Sabaya, distante a unos 30 kilómetros de Pisiga, donde confirmaron el deceso.

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, señaló que el hecho ocurrió en el sector de Las Antenas de la localidad de Pisiga, donde militares interceptaron un “convoy” de camiones con mercadería ilegal y cuando intentaron decomisarlos, fueron atacados por un centenar de presuntos contrabandistas y comunarios provistos de piedras, palos y explosivos.

Según la autoridad, como medida de defensa, los soldados utilizaron sus armas y quemaron los camiones, que en un principio se aseguró que eran tres, pero el jefe policial afirmó que incineraron dos, porque uno se dio a la fuga. A pocos kilómetros se volcó y los comunarios habrían tomado la mercadería de ese motorizado.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Williams Cordero, dijo que la incineración de los motorizados fue porque “existe imposibilidad de incautar mercadería en el sector”; empero no se precisó quién encendió el fuego.

En junio de 2018, ante frecuentes enfrentamientos en las fronteras con contrabandistas, el ministro Zabaleta anunció la creación del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO), con sede en el regimiento Camacho del departamento de Oruro y que reemplazó a la Unidad de Control Aduanero (UCA).

La autoridad entonces explicó que la política gubernamental persigue tres objetivos principales que buscan frenar las pérdidas económicas por el contrabando, que es de $us 300 millones anuales según estimación oficial; salvaguardar la vida de los efectivos y otras personas durante los operativos aduaneros y contar con los medios necesarios para una lucha más efectiva.

A más de medio año de la creación del CEO, el delito del contrabando volvió a cobrar una vida.

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