El Gobierno determinó cerrar definitivamente algunas zonas francas en el territorio nacional. Una resolución biministerial de las carteras de Desarrollo Productivo y Economía Plural aprobada el 21 de diciembre de 2016 instruye a la Aduana Nacional proceder al cierre de las operaciones de estas zonas en un plazo máximo de 90 días.
Así lo establece la resolución biministerial 007/2016 firmada por el viceministro de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala a.i., Álvaro Pardo.
El documento al que tuvo acceso EL DEBER contempla 15 artículos. El principal artículo señala que a efectos de no ocasionar perjuicios a los usuarios y operadores de servicios, el cierre definitivo de una zona franca se hará efectivo en el plazo de 90 días calendario posteriores a la notificación biministerial de revocatoria de concesión o la revocatoria automática, según corresponda, debiendo los usuarios en el mismo plazo, proceder al cierre de sus operaciones, quedando prohibida la habilitación de nuevos usuarios.
El artículo 2 enfatiza que durante el cierre de la zona franca, en este plazo podrán continuar con sus operaciones, siempre y cuando sus mercancías provenientes del exterior ingresen con la presentación de la Declaración Única de Importación (DUI). de igual forma se permitirá el ingreso de mercancías procedente de territorio aduanero nacional.
La normativa en su artículo 3 señala que las mercancías que no se encuentren prohibidas de importación deberán ser reexpedidas a territorio extranjero o ser importadas a territorio aduanero nacional, antes del cierre definitivo de la zona franca.
Otro de los artículos refiere que las mercancías sometidas al Régimen de Admisión Temporal para la reexportación de mercancías en el mismo Estado u otro régimen suspensivo en una zona franca cuya concesión fue revocada, deberán ser reexportadas a territorio extranjero o a otra zona franca en la que el proveedor se constituya en usuario de la misma, antes del cierre definitivo de la zona franca.
La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, admitió que ya rige la norma y que la institución es la encargada de dar cumplimiento.
“Hay un periodo establecido de 90 días calendario y nos estamos alistando. No conocemos cuándo han notificado a las zonas comerciales, pero el procedimiento señala 90 días”, aseveró Ardaya.
¿Significa que se va a estatizar todos los servicios aduaneros?, se le consultó a la ejecutiva aduanera a lo que respondió: No, no, no. Todavía está vigente la anterior norma. También tenemos convenios con la Almacenera Boliviana (ALBO) y Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB).
¿Pero, según la norma, ningún operador privado se hará cargo? se insistió a Ardaya a lo que complementó: no se sabe, aún hay cosas pendientes. Veremos cómo nos acomodamos, esta es una política de Estado”, sintetizó.Los operadores de las zonas francas prefieren no opinar.
Privados esperan resolución
Antonio Rocha, presidente de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz, indicó que la norma reglamenta en términos generales el cierre ordenado de las zonas francas -básicamente comerciales- que no se adecuen a zonas francas industriales hasta el 25 de mayo de 2017, o que se les revoque su concesión de forma automática en caso no hubieran realizado ninguna gestión hasta esa fecha. Aclaró que esta norma puede requerir una nueva resolución específica de la ANB
